Los riesgos de una suspensión generalizada de pagos


Abril 23 de 2020

La eventual aprobación por ley de una suspensión de pagos de impuestos, cuotas obrero patronales, servicios de luz y agua, obligaciones bancarias y hasta alquileres podría generar una presión adicional a la economía nacional en un momento ya de por sí delicado como el que se atraviesa actualmente.

Esta es la reflexión de algunos gremios y empresarios sobre las iniciativas que contiene el proyecto de ley 390, presentado por la diputada del Partido Revolucionario Democrático Zulay Rodríguez, que ayer fue acogido por la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

El texto propone la suspensión por 90 días de las obligaciones citadas como una medida para paliar los efectos económicos de la crisis generada por la expansión del coronavirus.

La iniciativa va en sentido contrario a la aprobada por la Superintendencia de Bancos de Panamá, y que ya se está poniendo en práctica por parte de los bancos: analizar los casos de manera particular para ayudar a las personas y empresas afectadas.

El presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Carlos Berguido, dijo a este diario que una intervención estatal equivocada podría desincentivar que la banca cumpla su papel dinamizador de la economía.

Además, una moratoria generalizada de tres meses podría no ser la solución para un cliente que requiere un plazo mayor, y tampoco ayudaría a las personas y empresas que sí pueden y quieren seguir pagando, flujos necesarios para mantener el ciclo económico en la actualidad. “A todo el mundo le interesa que el que pueda pagar lo siga haciendo”, manifestó.

Berguido añadió que los bancos ya están trabajando con sus clientes para encontrar soluciones de acuerdo a las características de cada caso.

Ayer se hicieron anuncios públicos de entidades bancarias sobre la posibilidad de modificar las condiciones de préstamos.

En la banca estatal, el Banco Nacional de Panamá siguió el comunicado del día anterior de la Caja de Ahorros y comunicó que todos los clientes con préstamos personales o hipotecarios bajo la figura de pago voluntario (ventanilla, banca en línea, transferencia o débito a cuenta) se les otorgará un periodo de gracia de hasta 90 días, sin recargo o penalidad, lo que supone la extensión del vencimiento acordado del préstamo.

Los riesgos de una suspensión generalizada de pagos

 

En el sector privado, varias entidades anunciaron acciones que persiguen el mismo objetivo: aliviar la carga a los clientes.

Banco General aplazará hasta en cuatro meses los pagos de préstamos para las personas o negocios cuyos ingresos se hayan visto afectados por la crisis del coronavirus.

Mientras tanto, Banistmo anunció que dejará de aplicar recargos por morosidad en tarjetas de crédito de forma automática, es decir, sin la necesidad de que el cliente ejecute ninguna acción.

Para los clientes hipotecarios manejan varias alternativas, entre las que se incluye un periodo de gracia de hasta cuatro meses.

El banco recordó que los clientes que no deseen acogerse a alguna de estas soluciones pueden seguir haciendo sus pagos.

Por su parte, Global Bank informó de que no se generarán recargos de morosidad por importes vencidos en tarjetas de crédito, al menos durante el mes de marzo, y también concederá un periodo de gracia de hasta cuatro meses en préstamos hipotecarios, personales y de autos a quienes estén atravesando dificultades.

Canal Bank también se pronunció ayer y dio una extensión de plazo de tres meses para los clientes con préstamos personales, hipotecarios y de autos.

Mientras, Towerbank anunció que rebaja la tasa de interés de las tarjetas de crédito, elimina el pago mínimo requerido en las tarjetas y ofrecerá préstamos de hasta $1,000.00 a tasa 0% y sin comisiones a clientes que hayan perdido su fuente de ingreso y necesiten ayuda para comprar alimentos, productos sanitarios y medicamentos.

Mercedes Eleta de Brenes, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), valoró positivamente las acciones de la Superintendencia de Bancos y de las entidades financieras de la plaza para dar a los clientes una solución de acuerdo a sus necesidades.

De igual forma, planteó los riesgos para la economía de una eventual suspensión generalizada de pagos, como propone el proyecto de ley 390. “Hay que ser cautos en la toma de decisiones y no es conveniente que haya medidas generalizadas que no toman en cuenta la totalidad de la cadena”, manifestó.

Puso como ejemplo que si se suspende el pago de alquileres de manera generalizada, los dueños de locales tendrán problemas para cumplir a su vez sus compromisos con proveedores y bancos.

La presidenta de la Apede recordó, como también señaló el superintendente de Bancos, Amauri Castillo, que los fondos que prestan los bancos provienen principalmente de depósitos de otros clientes, con quienes los bancos también tienen un compromiso que cumplir. “Suspender un pedazo de la cadena no resuelve el problema del resto, sino que lo agrava. Hay que mirarlo de manera integral y teniendo en cuenta el universo de todos los actores económicos”.

Para Eleta, se debe atender a quienes tengan necesidades más apremiantes y no generar expectativas que no son viables económica y financieramente, porque “el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

 

Francisco Heredia Cortes
Francisco Heredia Cortes Whatsapp
Hoy
Hola, buen día. Cómo puedo ayudarle el día de hoy?

 

©2020 diazheredia.com, todos los derechos reservados.
Powered by: wasi.co